El estudio fue realizado en los hogares de todo el país, con 1.200 entrevistas en los estratos A, B y C (18% de los encuestados) y los segmentos D y E (82% de la muestra).

La Agencia de Inteligencia de Venezuela, Hinterlaces, informó que el 63 % de los ciudadanos están de acuerdo que los dirigentes que pidieron las sanciones contra la nación deben ser juzgados por el delito de traición a la patria.

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A la pregunta: ¿Usted considera que deben ser juzgados por traición a la Patria los dirigentes políticos, que pidieron sanciones contra el país, bloqueo y congelamiento de los recursos de Venezuela en el exterior?, siete de cada diez personas respondieron positivamente. Solo el 27% respondió que no.

El estudio fue realizado en los hogares de todo el país, con 1.200 entrevistas en los estratos A, B y C (18 por ciento de los encuestados) y los segmentos D y E (82 por ciento de la muestra).

El estudio también se interesó en el respaldo que brinda la ciudadanía a que sean juzgados por traición a la Patria aquellos han pedido una invasión militar contra Venezuela para derrocar al presidente legítimamente electo Nicolás Maduro.

En este caso, el 85 % de quienes respondieron al estudio consideran que quienes pidieron invasión militar contra la nación deben ser enjuiciados, investigación que se realizó en este mes de noviembre.

Dicha encuesta tiene como contexto la realización de una campaña de recolección de fondos a través de una plataforma llamada “Ya casi Venezuela”, promovida por el mercenario estadounidense Erik Prince, junto a María Corina Machado e Iván Simonovis (terrorista y prófugo de la justicia venezolana) en manos de sectores de la oposición dentro y fuera del país con el fin de derrocar al presidente Maduro.

Al respecto, esta semana también se aprobó por unanimidad la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar en la Asamblea Nacional, que establece cárcel e inhabilitación perpetua para aquellos que soliciten sanciones unilaterales contra Venezuela. El Parlamento respaldó masivamente dicha ley en aras de mantener la paz y la estabilidad en la nación.

Asimismo, el Ministerio Público de Venezuela imputó, por su parte, a la opositora María Corina Machado por sus acciones de promoción y apoyo a la Ley HR 825, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el objetivo de recrudecer la guerra económica y las sanciones contra el país.

Sobre esta decisión, María Fernanda Barreto, investigadora y escritora colombo-venezolana y colaboradora en diversos medios nacionales e internacionales, dijo a teleSUR que la acción es «un acto muy esperado por el pueblo venezolano de parte del sistema judicial».

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